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Moreno defiende su reforma fiscal «creíble y razonada», frente a los 80.000 millones que quiere «imponer» el Gobierno

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento la última reforma fiscal que va a llevar a cabo su Gobierno, que ha calificado de «razonada, creíble y progresiva» y que pretende hacer a esta comunidad más competitiva, eficaz y con más cuota de progreso, frente a los 80.000 millones de euros que el Gobierno central pretende «imponer» a lo españoles a través de los impuestos.

Moreno se ha pronunciado así durante su debate, ante el Pleno del Parlamento, con el portavoz adjunto del Grupo Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, quien ha calificado la última reforma fiscal impulsada por el Gobierno andaluz de «gran estafa fiscal» porque sólo va a beneficiar a las «grandes fortunas».

El presidente de la Junta le ha replicado que la reforma fiscal planteada por su Ejecutivo «cumple con la progresividad, con la igualdad y con la justicia social», garantizando que de ella se van a beneficiar cuatro millones de personas, especialmente las familias y los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Ha considerado que bonificar un impuesto como el sucesiones y donaciones es algo «justo», y ha indicado que el IRPF de Andalucía se sitúa en los mismos niveles que otras comunidades, como Castilla-La Mancha, donde gobierna la izquierda.

Tras calificar de «tremendamente exageradas y fuera del rigor y la seriedad» las críticas de Adelante a la reforma fiscal andaluza, Moreno ha preguntado al portavoz adjunto de ese grupo si de verdad cree que el Gobierno autonómico está poniendo «en riesgo los servicios públicos» con esta nueva reforma de la fiscalidad, cuando se ha hecho la mayor inversión en sanidad y educación de la historia de la autonomía.

Ha insistido en que Andalucía cuenta con uno de los modelos fiscales más «avanzados», que va a contribuir a generar progreso y empleo, porque se quita presión fiscal a los ciudadanos, que van a poder incentivar el consumo y contribuir al crecimiento económico.

El presidente ha señalado que la economía andaluza necesita ser competitiva y para ello «no nos pueden abrasar a impuestos», como pretende el Gobierno central, que «quiere imponernos 80.000 millones de euros en impuestos», con subidas en el IRPF, IVA o en sucesiones y donaciones. Ha preguntado a Adelante si está de acuerdo, por ejemplo, con que se pongan impuestos a las carreteras, que es algo que «no tiene ningún sentido».

Ha insistido en que reactivar la economía y beneficiar a las clases medias y trabajadoras es el objetivo de la reforma fiscal que ha hecho su Gobierno, y ha invitado a Adelante a que le traslade las propuestas que tenga en materia fiscal.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha denunciado que el Gobierno andaluz está anclado en un modelo fiscal «fracasado, que ataca los principios de progresividad y justicia social, y que es una auténtica estafa fiscal», que se puede evaluar, porque Andalucía lleva cinco año sufriendo «distintas estafas fiscales».

La conclusión de las mismas, según ha indicado, es que la gente «no vive mejor porque las estafas fiscales no vienen a solucionar los problemas de la gente, que no se solucionan bajando los impuestos a las grandes fortunas». En Andalucía, según ha denunciado, se sitúan 11 de los 15 barrios más pobres de España y el acceso a la vivienda siguen siendo inasumible; las listas de espera en la sanidad son «desorbitadas»; las ratios en los colegios siguen estando por encima de lo que marca la ley, y «la precariedad y el paro siguen en cifras récord».

«Su estafa fiscal es un cuento antiguo y no nos quieran dar gato por liebre; no nos quieran convencer de que afecta a cuatro millones de andaluces, sino que afecta a ochos millones, porque unos pocos se van beneficiar y el resto vamos a pagar las consecuencias», según ha indicado el portavoz adjunto de Adelante, quien ha acusado a Moreno de «hipotecar el futuro de Andalucía».

Ha mostrado su desacuerdo con el planteamiento del Gobierno central sobre un impuesto a las carreteras porque «ataca a la progresividad».

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