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Más de 2.500 jueces acuden a la UE por la «violación del Estado de Derecho» en España

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  • Denuncian afectación de la independencia judicial por las últimas reformas legislativas y piden la imposición de sanciones.
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«La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, «lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».

En la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.

«Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades -añade el escrito-. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales «las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».

Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos «se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Antes esto se hacía discretamente, añaden, «pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».

INICIO DEL CAMINO HACIA EL TOTALITARISMO

Adelantan que siguiente paso, que ya ha sido anunciado, «consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución».

A juicio de estas asociaciones, «se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».

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