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La Junta pide «no favorecer la okupación con esos discursos de izquierdas que tanto dañan» a Andalucía

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La consejera de de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo (PP), ha reclamado este miércoles al Gobierno modificaciones en la ley «fundamentales» para hacer frente a la okupación, la cual «tiene un impacto muy importante» en los residentes y en la marca Andalucía.

«En este asunto es necesario que actúe también el Gobierno de España y que actúe con determinación. Lo que se debe de empezar es hablando claro, no favoreciendo esa okupación con esos discursos de izquierdas que tanto daña al conjunto de nuestro país y que al final parece que afronta esa ocupación como una situación normal. Es una ilegalidad y así se debe decir», ha afirmado Carazo en la comisión de su Consejería en el Parlamento regional.

La consejera ha sido preguntada sobre actuaciones de la Junta en la lucha contra la okupación por el parlamentario de Vox Macario Valpuesta, quien ha lamentado que en 2020 «se batieron todos los récords» en este tema, «según estadísticas publicadas en prensa», y ha recordado que contra esta «plaga» el gobierno regional de PP y Ciudadanos anunció una serie de medidas.

Valpuesta ha citado el mediático caso de una irlandesa residente en Arcos de la Frontera (Cádiz), cuya vivienda fue okupada, y, «como resulta evidente, la imagen que España y Andalucía transmiten al mundo con informaciones como estas es verdaderamente lamentable, siendo una comunidad que quiere recuperar su posición de potencia turística de primer orden».

«Nosotros hacemos un diagnóstico del fenómeno de la okupación muy diferente del que hace la izquierda demagógica que padecemos porque, más que un problema objetivo de falta de viviendas sociales, lo que tenemos es un desprecio sistemático por la propiedad ajena, animado por el populismo de ciertas formaciones extremistas», ha apuntado el parlamentario de Vox.

Carazo ha recordado que la Junta ha impulsado un trabajo coordinado entre las consejerías de Justicia, Fomento y Presidencia «en el marco de las competencias de las que dispone la comunidad autónoma», que hay un sistema de asesoramiento en todas las provincias para las vícimas y que existe el teléfono 900 100 112 para afectados en la región, el cual ha recibido desde que se creó en enero de este 2021 un total de 70 llamadas, según ha informado.

No obstante, ha pedido al presidente del Gobierno modificaciones legales que «son fundamentales» para poder pararlas. «Con la norma actual las comunidades autónomas contamos con los recursos que tenemos. Necesitamos la modificación de la norma estatal que afecta estas situaciones, que es penal, es civil, es numerosa la norma que afecta a la okupación, pero también el Gobierno tiene que aprobar un plan anti okupación nacional», ha dicho.

Carazo ha afirmado que comparte con Vox «ese impacto sobre el conjunto de la marca Andalucía, sobre lo que representa la comunidad autónoma» y «es cierto» que en ella, al existir tantas viviendas residenciales de extranjeros, casos como el de Arcos de la Frontera «son situaciones a evitar».

«Nos encontramos ante auténticas mafias, mafias que ordenan, alquilan, venden y que han hecho de la okupación un auténtico negocio», ha concluido.

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