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La Junta abre 38.260 expedientes sancionadores por incumplimiento de las medidas antiCovid desde julio de 2020

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El Gobierno andaluz ha interpuesto 38.260 expedientes sancionadores como consecuencia de los incumplimientos de las medidas de prevención asociadas a la pandemia de coronavirus. Málaga lidera el volumen de sanciones al representar el 26% de las infracciones levantadas por los agentes de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

El periodo temporal de los expedientes abarca desde julio de 2020 a mayo de este año, mientras que la distribución provincial de las 38.260 sanciones del Gobierno andaluz es la siguiente: Almería (3.473), Cádiz (2.836), Córdoba (4.926), Granada (5.999), Huelva (1.737), Granada (5.999), Huelva (1.737), Jaén (5.050), Málaga (10.010) y Sevilla (4.229).

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha ofrecido estas cifras en una respuesta a una pregunta escrita del portavoz de Vox, Manuel Gavira, que ha publicado el Boletín del Parlamento de Andalucía (BOPA).

Bendodo traslada al portavoz de Vox que «la Consejería de Presidencia no tiene competencias» sobre el proceso del régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de contención de la Junta de Andalucía frente al Covid y que el proceso «se encuentra centralizado en las Delegaciones del Gobierno a través de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias».

El consejero de la Presidencia pone de manifiesto que los datos de la Junta de Andalucía son independientes de «los datos que obren en poder de las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales», mientras que la procedencia de las sanciones de la Junta responde a «las actas levantadas por la Unidad de Policía Adscrita (UPA) y la Consejería de Salud y Familias».

Bendodo explica que las sanciones descansan sobre el régimen de infracciones previstas en el Real Decreto Ley 21/2020, de ámbito estatal, que califica esos incumplimientos como «infracciones administrativas en salud pública» y se sancionan conforme a las previsiones de la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

Este decreto distribuye la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas, así como la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores al Estado, comunidades autónomas y entidades locales, en función de sus competencias.

CIEN EUROS POR INCUMPLIR EL USO DE LAS MASCARILLAS

El Decreto-ley 21/2020 prevé una multa de hasta 100 euros en el caso del incumplimiento de la obligación de uso de las mascarillas contra el coronavirus, un hecho que tiene la consideración de infracción leve.

Otras de las medidas sancionadoras apuntan a infracciones laborales por parte de los empresarios de las medidas de salud públicas previstas, en la hipotésis de su repercusión sobre los trabajadores.

En estos casos el incumplimiento por el empleador de esas obligaciones constituirá una infracción tipificada como grave, sancionable en ese caso como una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales.

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