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Familia del muerto en el túnel durante las riadas pide grabación de cámaras y que Junta diga cuándo declaró emergencia

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La familia de T.K., el hombre que murió ahogado atrapado en su vehículo en un paso subterráneo de Almería durante las riadas de 2019, ha pedido al juez instructor que requiera a Policía Local y Policía Nacional las grabaciones que hicieron las cámaras de tráfico y seguridad localizadas en el entorno del túnel en la madrugada del 13 de septiembre, y pida a la Junta andaluza que informe de la declaración de alerta meteorológica por lluvia, de la «fecha y hora exacta» en que se declaró la emergencia, así como la evolución de los niveles que se decretaron hasta su desactivación.

Entre la batería de diligencias solicitadas al Juzgado de Instrucción 5 de Almería que reabrió la causa que investiga si hubo negligencia penal figura, asimismo, que oficie a Bomberos y Guardia Civil para que informen sobre la actuación que ambos cuerpos realizaron para rescatar el cadáver.

Según han informado a Europa Press fuentes de caso, el abogado de la familia del fallecido ha interesado, asimismo, que el Ayuntamiento informe de la «señalización» que ese día había cerca del paso subterráneo y que aclare si su construcción fue concebida «como balsa de tormentas» ya que, según han declarado hasta ahora los testigos, «el agua entró de manera abrupta y rápida».

El archivo de las diligencias llegó después de que el anterior juez instructor concluyese que la Policía Local actuó «diligente y eficaz» aunque solo llegó a balizar una de las entradas y que la víctima y su hermano, que salvó la vida, «incumplieron todo tipo de precaución» ya que «debían haber evitado entrar ante la tremenda tromba de agua».

Consideró que no procedía investigar una «pretendida» responsabilidad penal del Ayuntamiento de Almería por el hecho de que no existieran «barreras móviles» para impedir el paso a vehículos por no haber quedado acreditado en modo alguno» que existiese «norma, reglamento, disposición u ordenanza» que obligase «a colocar dichas barreras móviles».

Por otro lado, en un informe al juez, el jefe de la Policía Local aseguró que no se activó un dispositivo especial porque se produjo «un fenómeno meteorológico imprevisto por cuanto no se comunicó a la Policía Local ninguna alerta activada por las distintas administraciones» y trasladó que «no tuvo constancia de ningún tipo de comunicación de alerta activada»; «tan solo», según dijo, un «mail de un aviso amarillo de la Aemet por lluvia en Poniente y Almería capital, que no dio paso a una alerta en cualquiera de sus niveles».

En el escrito elevado al magistrado Manuel Rey Bellot, la familia pide que el Ayuntamiento también informe del dispositivo local de rescate para situaciones de emergencia; que remitan las diligencias que sede de policía local se levantaron y que aporte el acuerdo de pleno por el que se hubiere aprobado el plan de emergencias.

Solicita, asimismo, que oficie al 112 para que informe de qué persona era la coordinadora de la operativa local de emergencias en la madrugada del 13 de septiembre y del protocolo prevenido para situaciones de avenidas.
Por último, la familia de T.K. considera que el ayuntamiento debe aclarar si existió cuando se abrió el paso subterráneo en la carretera Los Molinos-Níjar valla o barrera de accionamiento automático para poder cerrar el acceso en situaciones de emergencia; Si en esa fecha existía, y fecha y resolución administrativa de retirada de dicha valla o barrera o si estaba previsto reponer en el paso subterráneo de la carretera Los Molinos-Níjar valla o barrera de accionamiento automático para poder cerrar el acceso en situaciones de emergencia.

La causa penal que se ha reabierto, por segunda vez ya que el primer sobreseimiento provisional tras calificarlo como «accidente de tráfico fortuito» también fue revocado, después de que el magistrado Manuel José Rey Bellot indicase en su resolución que «deben practicarse» nuevas «diligencias de investigación».

En concreto, dio traslado a la Fiscalía, que se adhirió al recurso de la familia del fallecido, para que, «a la vista de las declaraciones» que prestaron en sede judicial cuatro agentes de la Policía Local, «informe sobre las diligencias a practicar o procedimiento a seguir», y para que adjunte «nuevos cds con las grabaciones de dichas declaraciones».

El magistrado anterior apoyó el sobreseimiento en el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local de Almería y las testificales de agentes que se encontraban de servicio en la madrugada del 13 de septiembre de 2013 y el auto hizo suyo el contenido del citado informe.

La resolución infería de la declaración de los agentes de la Policía Local de servicio cuyas declaraciones han provocado ahora la reapertura que se «actuó de manera diligente y eficaz» porque «procedieron a balizar una de las entradas al túnel, no pudiendo balizar la otra por cuanto recibieron un aviso urgente de una mujer que se encontraba en peligro en la rambla de El Alquián».

«Los agentes que acudieron con posterioridad a balizar la otra entrada al túnel, cuando llegaron al lugar, observaron dos vehículos ya dentro del túnel, no pudiendo hacer nada más que auxiliar al hermano del fallecido y al conductor del otro vehículo», finalizó.

En el informe en el juez basa el archivo de las actuaciones, el superintendente jefe de la Policía Local remarcó que «se adelantó» a las indicaciones recibidas por parte de la concejal delegada del Área de Seguridad y Movilidad por «Whatsapp» y afirmó que, tras recibir el comunicado de aviso amarillo, trasladó a la jefa del turno de noche que «procediera al corte de tráfico en puntos conflictivos de esta ciudad con los medios disponibles a nuestro alcance».

Aludió, asimismo, a que la concejal fue informada de la situación y que ella, a su vez, informó al alcalde «para recomendar la activación del Plan de Emergencia Municipal, como así se hizo» si bien no precisó a qué hora.

El servicio unificado de emergencias 112 informó de que la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, había activado el 12 de septiembre a las 23,31 horas la Situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) e indicó que este nivel hacía alusión «a la presencia de anegaciones en zonas localizadas cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales».

El Ayuntamiento de Almería concluyó en agosto de 2020 las obras para el cierre automático de los túneles de La Goleta y del cruce de la Avenida del Mediterráneo y Carretera de Níjar, este último donde se produjo el accidente mortal. Se han instalado paneles que informan de si túnel está abierto o cerrado, señales luminosas en ambos carriles a 50 metros y una barrera luminosa con cierre automático en la propia boca de los túneles.

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