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Ayuntamiento de Almería desestima el recurso de FCC y mantiene la multa de 157.500 euros por no poner GPS a vehículos

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La junta de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la empresa FCC Medio Ambiente, como concesionaria del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Almería, contra la penalidad de 157.500 euros impuesta por el Consistorio tras descubrir que ocho de sus vehículos dedicados a la limpieza de la ciudad carecían de GPS y otros dos no lo tenían en funcionamiento, lo que impide la supervisión de las tareas de recogida de basura conforme al contrato establecido.

Según ha indicado en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez (PP), la penalidad «sigue su tramitación administrativa» al no prosperar el recurso elevado por la empresa por el «incumplimiento de la obligación de tener instalados dispositivos GPS», la cual durante la tramitación del expediente ya trató de justificar la situación.

En la resolución inicial suscrita por el equipo de gobierno a partir del expediente efectuado por el Área de Sostenibilidad Ambiental se determinaba que la conducta de la empresa constituye un incumplimiento «muy grave» conforme a los pliegos del contrato, que en su régimen de penalidades incluye como infracción la falta de funcionamiento de GPS en alguno de los vehículos «durante un periodo superior a dos días en más de dos vehículos».

El dictamen tuvo en cuenta para establecer la multa la «reincidencia en el incumplimiento» y la «omisión» en las instrucciones dadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento, ya que se llegaron a realizar hasta tres requerimientos a la empresa –el primero de ellos el 3 de marzo del año pasado– para que instalaran el GPS en todos sus vehículos y así tener acceso a la información a fin de establecer un «control y seguimiento de los trabajos realizados».

El expediente incluye dos informes efectuados por la Sección de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Almería efectuados entre el 15 y 19 de enero de este año en los que se certifica tras una inspección de los vehículos junto con el encargado del taller de la empresa concesionaria que ocho de ellos carecían de GPS mientras que, a través del programa para la localización, elevación y lectura de contenedores de la flota, se desprendió que el sistema GPS no funcionaba en dos que sí lo tenían instalado.

El informe de la ingeniera industrial municipal incide así en el «largo periodo transcurrido» desde que se solicitó «por primera vez» de manera «verbal» la instalación del GPS en todos los vehículos, con «318 días» discurridos hasta la fecha en la que se levantó el acta de comprobación, sin que aún haya diez vehículos que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de contratación.

El Ayuntamiento, que contrató este servicio con FCC inicialmente en 2014 por un periodo de diez años y un importe de 6.854.801,93 euros, ha determinado aplicar el importe de la penalidad mediante una deducción de la certificación mensual del contrato con respecto al pasado mes de marzo.

LA INCLUSIÓN DEL GPS ERA «INEQUÍVOCA»

Frente a las alegaciones de la contratista, el informe municipal señala que el pliego establece «inequívocamente» que los vehículos y maquinarias propuestos para efectuar el servicio de retirada de residuos debían disponer de un «dispositivo global de posicionamiento» (GPS), a lo que la empresa se «comprometía» en su oferta.

Igualmente, recalca que la falta de este sistema en alguno de los vehículos está recogida como una infracción en el marco del contrato, toda vez que, según el inventario, la totalidad de los vehículos analizados están adscritos a la prestación del servicio.

Del mismo modo, observa el Ayuntamiento que la no reparación de la avería de dos de los GPS no obedece a «causas de fuerza mayor». Así, teniendo en cuenta que, según el contrato, la falta de funcionamiento del sistema GPS de alguno de los vehículos durante un periodo superior a dos días en más de dos vehículos acarrea una sanción, la empresa «debería establecer un protocolo más ágil que dé una respuesta más inmediata ante una eventual necesidad de sustitución de algún GPS averiado», según el informe técnico.

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