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Alicante, Murcia y Almería se enfrentan al Gobierno y Castilla-La Mancha otra vez por el Trasvase Tajo-Segura

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Alicante, Murcia y Almería se han vuelto a poner en pie de guerra contra el Gobierno y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tras anunciar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su voluntad de elevar en algunos tramos el caudal ecológico del río Tajo y reducir el volumen transferible de agua de este río al Segura, cuando los embalses de cabecera tengan menos de 1.300 hectómetros cúbicos pero más de 586 a 688 hectómetros cúbicos según los meses.

El presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) denuncia que esta modificación supone reducir en al menos un 45 por ciento los recursos hídricos de estas tres provincias, que dependen tanto para regar como para consumir del agua que les llega de la cuenca del Tajo.

Por el contrario, la postura del Gobierno, según ha expresado tanto la propia ministra y vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, o la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, busca garantizar una «mayor estabilidad» de los recursos hídricos y distribuirlos de una manera «más razonable».

Incluso, desde La Moncloa, María Jesús Montero negó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno tuviera la intención de restar agua a las provincias dependientes del trasvase, de la que dependen cerca de 3 millones de habitantes.

Sin embargo, el volumen previsto en situación de nivel 2 pasaría de los 38 a los 27 hectómetros cúbicos, algo que según Morán responde a «criterios técnicos».

La escalada de protestas se hizo efectiva este lunes, cuando regantes, agricultores, tractoristas, camiones y ciudadanos del Levante, se trasladaron a Madrid para protestar frente a la sede del Ministerio y manifestarse desde Ifema al Paseo de la Castellana en 1.500 vehículos y 15 camiones (frente a los más de 200 previstos inicialmente) después de que la Delegación del Gobierno bloqueara la protesta durante casi dos horas y finalmente limitase a 15 los camiones.

A las puertas del Ministerio acudieron representantes de Vox y del PP, que acompañaron a los regantes y a los alcaldes y presidentes de diputación llegados del sureste peninsular.

También acudieron representantes del Gobierno valenciano, dirigido por el socialista Ximo Puig, que ya ha prometido que intentará «convencer» en todos los ámbitos donde sea necesario que el trasvase Tajo-Segura es «absolutamente irrenunciable» y el agua debe estar garantizada en las mejores condiciones posibles para los agricultores alicantinos.

Poe su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó al Gobierno de convertir «todo lo que toca» en «caos» y en «enfrentamiento» y pide al Ejecutivo que escuche a los regantes y se mantenga el consenso alcanzado entre «todas» las fuerzas políticas de las comunidades autónomas afectadas en 2013 con la adopción del Memorandum del trasvase Tajo-Segura.

Así, defendió que para el PP es necesario «mantener los consensos» para garantizar el agua en aquellos territorios que la necesitan. «Hay que dialogar», insistió, al tiempo que acusó a Sánchez de que mientras él piensa en la España de 2050, los agricultores hoy no van a tener con qué regar. «La España de 2050 de Sánchez propone no comer carne y no regar los campos, esa es la única propuesta que hemos recibido del gobierno socialista», cuestionó.

En la misma línea, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, exigió al Gobierno que indulte a los agricultores españoles a los que «ha condenado a una muerte lenta» a convertir sus cultivos «en un erial» y que deje de «derrochar dinero público y recursos hidráulicos financiando obras hidráulicas en países terceros como Egipto o Marruecos o «lanzándolo al mar».

En ese sentido, calificó de «inaceptable» que el Ministerio que dirige Teresa Ribera esté «cambiando las reglas» del TS y los niveles del caudal ecológico, algo que para el representante de Vox «va a suponer más agua tirada al mar, más derroche de recursos hídricos para los agricultores».

Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la cuenca cedente agradeció el mismo día en Toledo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su gestión del «conflicto hídrico» desde un «diálogo inteligente» y de hecho aseguro que es «la primera vez» desde que está en política que se encuentra al Estado «sabiendo que los trasvases son incomprensibles». Una decisión de la época de la dictadura que se basó en «llevar agua de la España seca a la España seca», un tema que ahora, para solucionar, «hay que ser valiente».

Durante la mañana del lunes, a las puertas del Ministerio, el presidente de los regantes, Lucas Jiménez, subrayó que el trasvase Tajo-Segura genera más de 100.000 puestos de trabajo. «Si nos lo quitan nos matan de hambre; En el Levante pagamos el agua más cara de toda Europa; El Levante necesita agua del Trasvase», fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes.

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