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A juicio en Almería un hombre acusado de «comprar» a una mujer por «200 euros» y obligarla a prostituirse

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La Fiscalía de Almería solicita seis años y seis meses de cárcel para un hombre que presuntamente compró a una mujer a la que terceras personas trajeron a España bajo la «promesa de conseguirle buen trabajo» y posteriormente la habría obligado a prostituirse «para rentabilizarla».

El Ministerio Público acusa a J.L.G.L., quien habría pagado «200 euros» por la víctima, de ejercer una «situación de dominio sobre ella» y de «tenerla controlada al residir en su mismo domicilio, no dejándola salir sola e impidiendo que se relacionara con terceras personas».

Indica, además, que supuestamente se quedó «con las ganancias que obtenía del trabajo de ella» y que se «aprovechó de la circunstancia de que presentaba un retraso mental leve», lo que hacía que fuese «fácilmente influenciable» y «facilitó el control que ejercía».

En el mismo procedimiento, la Fiscalía interesa dos años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de nueve euros al dueño de uno de los clubes de alterne donde era prostituida, si bien a él le acusa por un delito contra los derechos de los trabajadores al no constar «que fuera conocedor de la situación de la víctima» aunque sí que se comprobó que «nunca» habría dado de alta al resto de las mujeres que trabajaban en su local.

Según indica el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, la víctima vino a España en 2013 «en compañía de dos individuos no identificados compatriotas bajo promesa» de conseguirle un «buen trabajo», por lo que la «convencieron».

Al llegar, la «compelieron en realidad» a trabajar ejerciendo la prostitución y entregarle las ganancias. Tres años después, conocieron a J.L.G.L. en un club y se la «ofrecieron en venta», lo que «aceptó a cambio de 200 euros y pasando desde ese momento el acusado a ostentar una situación de dominio sobre ella».

Añade que, «para rentabilizarla y así obtener un ilícito beneficio», la «compelió» a ejercer «actividades de alterne y prostitución».
En el año 2018, con motivo de una inspección realizada por la Policía Nacional en uno de los clubes de alterne en el que era explotada la victima y propiedad del otro acusado, E.M.G.G., se descubrió que las entre 8 y 14 mujeres que «trabajaban allí de manera habitual» no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

El fiscal precisa que el dueño era el «encargado de recoger en su vehículo» a las mujeres para llevarlas al local y que «se repartía con las mujeres que trabajaban las ganancias obtenidas según las tarifas por él fijadas».

El principal procesado, J.L.G.L., está acusado de un presunto delito de trata de seres humanos en concurso ideal con un delito relativo a la prostitución, y, al margen de la pena privativa de libertad, el fiscal interesa que no se acerque a la víctima a menos de 500 metros durante 12 años y que la indemnice con 18.000 euros por los daños morales.

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